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EDITORIAL

El cuarto intento

Sobreaviso

RENÉ DELGADO
sábado 23 de febrero 2019, actualizada 10:05 am


La élite política, incluido Morena, está de plácemes. El conjunto de las bancadas parlamentarias en el Senado aprobó por unanimidad el cuarto invento en materia de seguridad: la Guardia Nacional.

"Sí se pudo" y "lo logramos" fueron las cartulinas celebratorias de la victoria de un absurdo. De edificarse un monumento a la vacuidad de la indecisión parlamentaria, la placa conmemorativa debe rezar: "En honor a quienes intentan siempre hacer lo mismo".

Si el componente militar de la Guardia en su mando, estructura, formación y disciplina fue borrado, mejor hubiera sido depurar, capacitar y fortalecer a la Policía Federal, hasta configurar y engrosar un cuerpo de seguridad profesional. Lo más valioso de la reforma constitucional es lo transitorio: autorizar la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen por cinco años, salva casi el sexenio.

Inventar un nuevo órgano con malformaciones de origen no garantiza la solución del problema que tanto dolor y sangre ha provocado durante las últimas dos décadas, hasta convertir al país en una fosa y hacer de la estadística criminal en un numeral de muertos, desaparecidos y desplazados.

No se vislumbra la transformación prometida. Quizá, dé margen al gobierno para solventar parcialmente el problema durante su gestión, pero no para resolverlo ni perfilar su solución.

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Cambiar el uniforme del fracaso de la clase política en materia de seguridad pública o disfrazar una vez más a los soldados y marinos de policías sólo revela la tentación de librar la responsabilidad durante el sexenio y dejar al sucesor, otra vez, decidir si le entra o no en serio al problema.

Hace veinte años se creó la Policía Federal Preventiva. Hace diez, se retocó supuestamente ese cuerpo, eliminando su carácter preventivo para sólo dejarlo en Policía Federal. Hace cinco, se inventó sin ánimo de desarrollar la Gendarmería Nacional y, ahora, a partir de la hibridez y la indefinición, se ha resuelto inventar la Guardia Nacional.

Incapaz de sentarse a la mesa y acordar en serio, el conjunto de la clase política se ha negado a reconocer la gravedad del problema, el tiempo requerido para solventarlo y, por consecuencia, ha fallado en elaborar una política de seguridad transexenal que, más allá del signo político del gobierno en turno, sostenga los objetivos. Tan irresponsable ha sido esa conducta que, así como una y otra vez inventan cuerpos policiales, las administraciones aparecen y desaparecen la Secretaría de Seguridad. La creó el panismo, la desapareció el priismo, la resucitó el morenismo y a saber qué será de ella en el próximo sexenio.

Lo más curioso de los inventos desarrollados durante los últimos cinco gobiernos, incluido al presente, es que los cuatro cuerpos policiales han tenido por simiente el ingrediente militar, pero todos sus padrinos han negado militarizar ilegal o legalmente la seguridad pública y han declarado solemnemente su profundo respeto por los derechos humanos. La clase política ha abusado de las Fuerzas Armadas y éstas, asumiendo el costo de la aventura de participar en una tarea ajena a su oficio, han sabido recolocarse en la escena nacional.

Lo resuelto por el Senado no cambia mucho los términos de la política seguida durante los últimos veinte años. Por eso, asombra el festejo de la indecisión.

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La corrección política le enreda la lengua a la élite en el poder y ello le impide llamar por su nombre a la circunstancia por la cual atraviesan, desde hace años, distintas regiones y plazas del país. Sin ambages, esa circunstancia corresponde a la de un estado de excepción.

En esa tesitura, reforman y reforman las leyes -ahora la Constitución-, modifican la estructura de la administración, rediseñan uniformes e inventan cuerpos de seguridad con tal de negar la realidad: la necesidad de suspender los derechos y garantías, ahí, donde el crimen domina y, a veces, gobierna. Curiosamente, en esos lugares el crimen ha conculcado el derecho a la vida, la integridad, al patrimonio, al libre tránsito, al trabajo, a la libertad de expresión e, incluso, el derecho a elegir en libertad a sus autoridades. Ni la sombra del Estado de derecho prevalece en esos sitios, pero los gobiernos resisten declarar el estado de excepción y actuar con determinación y apego a la Constitución.

La postura del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, era la correcta. En vez de modificar la Constitución para inventar un cuerpo con malformaciones, se debió reglamentar el artículo 29 constitucional que, en caso grave de perturbación de la paz pública, autoriza al Ejecutivo -con la aprobación del Legislativo y la intervención del Judicial- suspender de manera temporal derechos y garantías. Los tres poderes de la Unión estarían comprometidos y las Fuerzas Armadas podrían actuar en un marco de derecho.

No se quiso llamar la realidad por su nombre y, ahora, se tiene a la Guardia Nacional que, como en ocasiones anteriores, dará lugar a un cuerpo de seguridad híbrido e indefinido y cuya reglamentación será un galimatías o, bien, echará mano del socorrido recurso de afirmar en la Constitución lo que la ley reglamentaria niega.

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¿Qué festejan los senadores: acordar no resolver? ¿El presidente López Obrador va a aceptar una reforma que no es la que quería? ¿Van a participar de nuevo los militares y marinos en el juego de Juan Pirulero? ¿Los gobernadores resbalarán de nuevo su responsabilidad de garantizar la seguridad?

A la vuelta de cinco años, la sociedad sabrá si el nuevo invento sirve o si sólo se integra al catálogo de ensayos fallidos.

APUNTES

¿Qué caso tiene configurar supuestos delitos a los ex presidentes, si no hay la decisión de llevarlos a juicio?

sobreaviso12@gmail.com
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